Ley 21.663
Gobernanza y respuesta
La Ley Marco de Ciberseguridad obliga a servicios esenciales y operadores de importancia vital a contar con gestión formal de riesgos, roles claros y planes de respuesta ante incidentes, con plazos de reporte tan exigentes como 3 horas para ciertos ataques.
El incumplimiento puede traducirse en multas que, según la gravedad, pueden superar varios miles de UTM e incluso llegar hasta 40.000 UTM, además de suspensiones parciales de servicios y una exposición pública del incidente.
Nuestra auditoría ordena la gobernanza, define responsabilidades, documenta la gestión de riesgo y estructura la respuesta a incidentes para que, ante una fiscalización o un ataque real, puedas probar diligencia, reducir sanciones y mantener la continuidad del negocio.
GRCIncidentesContinuidad
Ley 21.459
Trazabilidad y evidencia
La Ley de Delitos Informáticos amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas: si no existen modelos de prevención, controles de acceso, registros y políticas claras, la empresa puede responder penalmente por ataques, fraudes informáticos o accesos indebidos de su propio personal.
Las penas incluyen presidio para personas naturales y multas para la empresa, además de consecuencias colaterales como pérdida de confianza de clientes, juicios civiles y exigencias de reparación de daños.
Nuestra auditoría fortalece los controles que sostienen una investigación (accesos, logs, retención y preservación de evidencia), de modo que, si ocurre un incidente, puedas reconstruir lo ocurrido, demostrar que actuaste con prevención razonable y reducir el riesgo de responsabilidad penal y litigios.
LogsAccesosEvidencia
Ley 21.719
Protección de datos
La nueva Ley de Protección de Datos Personales crea una Agencia fiscalizadora y establece multas de hasta 5.000 UTM para infracciones leves, 10.000 UTM para graves y 20.000 UTM para gravísimas, que en grandes empresas pueden escalar hasta el 2% o 4% de los ingresos anuales.
Además, la reincidencia puede multiplicar las sanciones e incluso implicar la suspensión temporal del tratamiento de datos, con impacto directo en continuidad operativa y reputación.
Nuestra auditoría aterriza estos requisitos en políticas, medidas técnicas y evidencia verificable a lo largo del ciclo de vida de los datos personales (clasificación, accesos, cifrado, registros, respuesta a brechas), para que tu empresa pueda demostrar control y cumplir frente a la Agencia antes de una fiscalización.
PDPAuditoríaEvidencia
